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Objetan compra por $1.400 millones en cámaras de vigilancia por parte del Gobierno

La Contraloría General de la República objetó la compra de 1.000 cámaras de vigilancia por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Katherine Martorell, por una suma de 1.400 millones de pesos, a la empresa Ingesmart, para la implementación de un sistema de teleprotección.

Según consignó Radio Bío Bío, la decisión adoptada por el organismo fiscalizador fue notificada a la entidad el pasado martes 2 de octubre.

En el texto del ente contralor se señala que: “en efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número N°1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”.

“Además, atendida la época en que entraría en vigencia el convenio que se aprueba, determinada en su cláusula séptima la garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato, no cubre completamente el plazo de duración de dicha convención, más 60 días hábiles, según lo exige la cláusula duodécima del mismo”, añade.

Desde la Subsecretaría señalaron que: “Las bases de licitación para la adquisición de las cámaras fueron aprobadas por la Contraloría en el mes de enero de 2020 y los contratos respectivos ingresados en septiembre al mismo organismo”.

“Las observaciones realizadas por el ente contralor serán subsanadas en los próximos días, a fin de reingresar los contratos a la brevedad”, agregaron.

Las cámaras HIKVision son de origen chino, están prohibidas en Estados Unidos y fueron vetadas en el estándar internacional de televigilancia.

Lo anterior porque presentan problemas en su sistema informático. Además, medios especializados en seguridad telemática acusan de espionaje de estos dispositivos.

Este conflicto para la Subsecrataría se suma a la investigación por presuntos delitos de corrupción que lleva la Fiscalía Centro Norte en contra de cinco miembros de la comisión evaluadora que resolvió adquirir 300 cámaras corporales Motorola por 378 millones de pesos en abril pasado.

El problema radica en que el software para la administración de imágenes que funciona en la 50° Comisaría de Carabineros aún no está totalmente operativo y presenta problemas de seguridad. Es por esto que el programa arroja fallas en la trazabilidad de los videos que deben ser enviados al Ministerio Público o Fiscalía Militar, entre otras vulnerabilidades.

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